01 de abril de 2020
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El Ejecutivo paraguayo promulga una ley de emergencia que contempla endeudamiento

CORONAVIRUS PARAGUAY

Asunción, 26 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó este jueves una ley de emergencia para hacer frente al impacto económico del coronavirus, que contempla la petición de una línea de crédito de hasta 1.600 millones de dólares, que elevaría la deuda pública paraguaya al 27 % de su producto interno bruto (PIB).

Con la firma del mandatario, el Ejecutivo ha logrado aprobar en menos de una semana este plan de contingencia económica, que fue presentado por el Gobierno al Congreso este lunes y tratado en ambas Cámaras en sendas sesiones el martes y el miércoles.

La Presidencia informó de la promulgación a través de un tuit en la cuenta de Abdo Benítez en el que agradecía la celeridad del Congreso ante la emergencia que representa la expansión del virus, con 3 muertes y 41 positivos.

"Nuestro agradecimiento al Congreso Nacional. Valoramos el compromiso de toda la clase política en este momento difícil que estamos viviendo todos los paraguayos. Ya estamos trabajando con el equipo para garantizar que cada guaraní sea usado de forma efectiva y transparente", publicó el presidente.

La ley de emergencia permitirá al Ejecutivo adquirir compromisos por valor de hasta 1.600 millones de dólares, que se destinarán a reforzar el sistema sanitario, hacer transferencias al Instituto de Previsión Social (IPS) y otorgar subsidios a trabajadores formales e informales, entre otras medidas.

También se dará un plus salarial a los trabajadores sanitarios, se ofrece financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al mismo tiempo que se exonerará del pago de la factura de la luz a los que registren un consumo inferior a 500 kv y se postergará el pago de otros servicios.

CONTROL DE RECURSOS Y TRANSPARENCIA

El Ministerio de Hacienda informó también esta semana de que el uso y la utilización de estos recursos estarán sometidos a la supervisión de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Contraloría General de la República (CGR).

Estas tres instituciones se encargarán de controlar los gastos públicos que se vayan destinando a cada una de las causas que requiera la emergencia por coronavirus.

Además, contará con un seguimiento desde el Congreso, donde se ha conformado una Comisión Bicameral para controlar la transparencia en la administración de recursos.

CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

A pesar de que la ley de emergencia logró el respaldo de ambas Cámaras, tampoco faltaron las críticas desde los sectores opositores, que cuestionan la necesidad de ampliar la deuda del país.

La formación opositora de izquierdas Frente Guasu, del expresidente Fernando Lugo (2008-2012) difundió este jueves un comunicado en el que insistía en que el plan del Ejecutivo recaerá sobre los segmentos de menores recursos.

Y criticó que se mantenga la actual estructura tributaria ya que el plan del Ejecutivo, según esa formación, "ha diferido el pago de impuestos a los sectores más poderosos, que finalmente son los que menor carga tributaria tienen".

"Con nuestra estructura tributaria implicará finalmente una mayor presión económica y social para la mayor parte de la ciudadanía y, sobre todo, para los sectores más vulnerables", rezaba el comunicado.

El Frente Guasu también puso en duda la transparencia en la ejecución de los recursos y observa "poca claridad".

TOQUE DE QUEDA

La ley de emergencia se planteó ante el costo social y económico que acarrearán las medidas de excepción impuestas por el Gobierno, la más estricta la que comenzó el sábado pasado, en principio de una semana, que restringe la circulación de personas durante las 24 horas del día, salvo excepciones para sectores básicos.

Entre los más afectados por esa medida se encuentran una masa de trabajadores informales que conforma alrededor del 70 % de la fuerza laboral, sin seguro social ni derechos expresamente previstos en el código laboral.

Alrededor de 1.679.000 habitantes de Paraguay (el 24,2%) se encontraban en situación de pobreza en 2018, según cifras oficiales divulgadas en 2019.

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