25 de junho de 2019
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Batet quiere que el Supremo tome la iniciativa en la suspensión de los presos

CONSTITUCIÓN CORTES

Madrid, 22 may (EFE).- La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha trasladado al Tribunal Supremo la responsabilidad de dar el primer paso para la suspensión de los diputados y el senador catalanes que se encuentran en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión, lo que implica que la decisión, sea la que sea, se tomará dentro de unos días.

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, así como Raül Romeva, se convirtieron ayer en diputados y senador a todos los efectos, y así, pueden beneficiarse ya de derechos y prerrogativas asociados a sus cargos, como el cobro del sueldo o el acceso al régimen de protección social. Sin embargo, también han de cumplir unos deberes, caso de asistir a los plenos.

La consulta de Batet al Supremo ha coincidido prácticamente con la petición de la Fiscalía, para la que debe ser el tribunal el que comunique a las Mesas "la aplicación inmediata" del precepto legal que obliga a la suspensión de los presos, es decir, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Los cinco se encuentran presos porque están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por un posible delito de rebelión dentro de la llamada causa del "procés". Estar en la cárcel y ejercer las funciones de diputado y senador es una compatibilidad o incompatibilidad que va camino de provocar una colisión institucional.

Como ayer comenzó la legislatura, ya están formadas las Mesas del Congreso y del Senado, que tendrán que reunirse para analizar los asuntos pendientes y más candentes.

Ése sin duda es la situación de unos diputados que ayer acataron la Constitución desde la lealtad al referéndum del 1 de octubre o como "presos políticos", lo que ha redoblado la presión de PP, Cs y Vox.

El líder de los populares, Pablo Casado, ha destacado que en esas fórmulas de acatamiento puede haber perjurio, y al mismo tiempo su partido ha llevado a la Fiscalía los vídeos que el lunes grabaron los presos en el interior de la sala en la que pudieron completar los trámites para ser luego diputados y senador, lo que también permitió el Supremo que hicieran.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha continuado con los ataques a Batet por lo que, a su juicio, dejó que sucediera ayer en el Congreso. Ha dicho que su actuación no fue "decente".

Más adelante, tras conocer la maniobra de la presidenta de la Cámara, ha señalado que "cada minuto que pasa" sin que se suspenda a los presos es "un minuto más de humillación al pueblo español".

La maniobra de Batet se produjo ayer por la tarde, tras ser elegida para la Presidencia. Envió un escrito al Supremo para que le aclarase y le informase sobre qué ley habría que aplicar conforme a la situación procesal de Junqueras, Sànchez, Rull y Turull.

Una segunda decisión la ha tomado este miércoles y la ha anunciado tras volver del Palacio de la Zarzuela y de la audiencia con el Rey, al que ha comunicado la constitución de la Cámara. Se trata de convocar la primera reunión de la Mesa del Congreso para mañana por la mañana.

Batet ha reconocido que difícilmente la contestación del Supremo la tendrá la Mesa, pero ha subrayado que es el procedimiento "adecuado" para "llegar cuanto antes" a una decisión. Ha negado que esté demorando el proceso.

El órgano de gobierno del Congreso, por tanto, analizará la situación de los cuatro diputados electos y habrá debate entre los partidos que la integran, PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos, pues los criterios difieren.

Populares y Ciudadanos abogan por la suspensión inmediata, Unidas Podemos por esperar a los informes y el PSOE por esperar al Supremo. Como ha dicho Batet, "no es voluntad de esta presidenta obstaculizar las funciones", aunque, por lo visto y escuchado, el ambiente se antoja enrarecido.

En el Senado los tiempos son aún más largos, ya que tiene previsto abordar la suspensión de Romeva la semana próxima, para cuando está prevista la siguiente reunión de su Mesa. El presidente es Manuel Cruz y los socialistas tienen mayoría absoluta.

La Fiscalía, por su parte, pide la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que se suspenda a los parlamentarios procesados. Este precepto dice que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" de sus funciones.

Para la Fiscalía, está claro que hay que "proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión", pero que sea el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el Tribunal parece no tenerlo tan claro porque el pasado viernes envió al Congreso y al Senado un oficio con el que les delegaba el estudio de la suspensión. EFE

aag-adr/fg

(foto) (vídeo) (audio)

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