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    Las madres que luchan contra la impunidad de la guerra antidrogas de Duterte

    13 de agosto de 2018

    Las madres que luchan contra la impunidad de la guerra antidrogas de Duterte

    Como líder vecinal, Emily Soriano era la encargada de señalar ante la policía dónde vivían personas que traficaban o consumían drogas en su barrio Bagong Silang, hasta que su hijo Angelito murió con 15 años en una de las matanzas de la guerra antinarcóticos emprendida por el presidente Rodrigo Duterte.

    Manila, 13 ago (EFE).- Como líder vecinal, Emily Soriano era la encargada de señalar ante la Policía dónde vivían personas relacionadas con las drogas en su barrio, hasta que su hijo Angelito murió con 15 años en una de las matanzas de la guerra antinarcóticos emprendida por el presidente filipino, Rodrigo Duterte.

    Las madres que luchan contra la impunidad de la guerra antidrogas de Duterte

    Manila, 13 ago (EFE).- Como líder vecinal, Emily Soriano era la encargada de señalar ante la Policía dónde vivían personas relacionadas con las drogas en su barrio, hasta que su hijo Angelito murió con 15 años en una de las matanzas de la guerra antinarcóticos emprendida por el presidente filipino, Rodrigo Duterte.

    "Al principio colaboraba porque me parecía bien erradicar las drogas de las calles, pero no estoy de acuerdo con que se mate a inocentes con la excusa de que son víctimas colaterales como mi hijo", contó Soriano a Efe entre lágrimas en su humilde casa del barrio de Bagong Silang, uno de los más pobres de Manila.

    Ahora prefiere colaborar con la organización religiosa Rise Up, que nació hace dos años cuando arrancó la guerra antidrogas para prestar asistencia legal y psicológica a las familias de las víctimas, a las que ahora Soriano consuela en su duelo.

    Junto a Angelito murieron tiroteados otros tres menores y cuatro adultos, el 28 de diciembre de 2016, en lo que la Policía justificó como un ajuste de cuentas relacionado con drogas, pero Soriano asegura que ninguna de las víctimas figuraba en la lista negra.

    "Varios testigos me confirmaron que los asesinos eran policías pero tienen miedo de hablar", relata Soriano, que retiró la denuncia sobre la muerte de su hijo cuando la Policía detuvo por ese crimen a una persona que ella cree inocente.

    El caso de la muerte de Angelito y de los otros ya está cerrado por falta de pruebas, igual que el de Aldrin, asesinado el 2 de octubre de 2017 en el barrio de Tondo cosido a balazos por varios motoristas enmascarados mientras cruzaba una calle.

    "Mi familia se ha roto", sostiene su madre, Nanet Castillo, que cada día se pregunta por qué mataron a Aldrin, que con 32 años trabajaba en el sector de la construcción y estaba a punto de firmar un contrato en Arabia Saudí.

    Según su madre, el único delito de Aldrin -cuyo nombre tampoco estaba en ninguna lista negra- fue "estar en el lugar equivocado en el momento equivocado", ya que había ido a Tondo a visitar a su hermana y se dirigía a una tienda para comprar algo de cena.

    Aunque no ha encontrado a nadie dispuesto a testificar, varios vecinos reconocieron ante Castillo que entre los motoristas que le dispararon había al menos un policía.

    Esta madre lamenta la "total impunidad" de la guerra antidrogas y asegura que la Policía no sólo trató de eludir la investigación sobre la muerte de su hijo, sino que un agente llegó a agredirla en la calle para disuadirle de seguir con el caso.

    "Todo el mundo sabe que la Policía recibe un bonus por cada traficante que matan y están matando inocentes", reveló.

    Estas dos madres culpan directamente al propio Duterte, quien ha alentado a la Policía a matar a cualquier sospechoso de vínculos con drogas en una campaña que sigue "tan implacable y escalofriante como el primer día", según sus recientes palabras.

    Además de los más de 4.200 muertos en sangrientas redadas policiales según datos oficiales, organizaciones de derechos humanos de Filipinas elevan hasta 20.000 las víctimas que se ha cobrado la campaña en esa atmósfera de impunidad.

    El acoso a las familias que buscan justicia no es algo aislado y a veces incluso obliga a cambiar de casa, como ocurrió a Katherine Bautista, que tuvo que mudarse del barrio de Tondo al de Bulacan junto a su marido y cinco hijos, tras denunciar ante el Defensor del Pueblo la muerte de su hijastro John Jezreel David en enero de 2017.

    Tras dos días desaparecido y varias visitas infructuosas a la Policía, encontraron el cuerpo de David, de 21 años, en una morgue. Tiempo después la Policía les dijo que falleció en un altercado con agentes por resistirse a una redada antidrogas.

    "Hay una grabación en la que se ve a un policía con la moto de John. Sospechamos que su muerte tuvo que ver con el robo de la moto y no con drogas", contó Bautista.

    Desde Rise Up han documentado más de un centenar de asesinatos cuya investigación se ha enquistado en los cauces regulares para intentar denunciar ante instancias como el Defensor del Pueblo, el Supremo o incluso la Corte Penal Internacional, aunque de momento sólo han recabado pruebas para tres querellas.

    Los asesinatos no cesan en Filipinas y uno de los últimos casos ha sido el de Roberto Busa, de 49 años, tiroteado por un sicario enmascarado en Bagong Silang el pasado 29 de julio, por motivos aún por aclarar aunque su nombre sí constaba en la lista negra.

    Acompañados de las madres de Rise Up, sus seis hijos velaban el cadáver esta semana antes del funeral en la casa del mayor de ellos, Roberto Busa Jr, quien con 25 años y un hijo de dos ahora debe ocuparse de sus cinco hermanos menores de edad.

    Por Sara Gómez Armas

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