23 de fevereiro de 2018
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El Gobierno de Colom y el presidente de Oxfam chocan contra el muro anticorrupción en Guatemala

GUATEMALA CORRUPCIÓN

Guatemala, 13 feb (EFE).- El gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) se dio hoy de bruces contra el muro anticorrupción acusado de defraudar al Estado de Guatemala 35 millones de dólares en una trama que incluye al exministro y actual presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight.

Según la investigación preliminar, el Gabinete habría "consagrado todo un mecanismo de engaño" y fraude para aprobar la creación del sistema de transporte urbano llamado Transurbano y la entrega del dinero de forma arbitraria a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), que le encargó a la misma notaria la creación de cuatro entidades para acaparar la financiación del sistema prepago.

Casi la totalidad del Gabinete de Colom fue enviado a la prisión preventiva de Mariscal Zavala, donde también se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina y varios de los funcionarios que le acompañaron en el poder tras suceder a Colom en la presidencia del país centroamericano.

Fuentes Knight, quien dirigió la cartera de Finanzas los dos primeros años del gobierno de Colom, autoproclamado socialdemócrata, era, según las pesquisas del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el responsable de que la política pública se ejecutara conforme a los intereses del Estado y con apego a la ley.

Sin embargo, hizo "lo indispensable" para gestionar los pagos anómalos y fue quien preparó el acuerdo "espurio" que firmó cada ministro por separado -en lugar de todo el equipo de gabinete como dicta la ley- sin el aval de estudios ni análisis financieros que respaldarán el uso de los 35 millones de dólares.

A pesar de estas irregularidades, el actual presidente de Oxfam Internacional "realizó los trámites administrativos al interior de su cartera y envió el proyecto gubernativo a la Presidencia de la República", denunció el titular de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, y la fiscal general, Thelma Aldana.

Con la justificación de mejorar el transporte público de la metrópoli, que desde hace décadas carece de las condiciones óptimas para la movilización de millones de usuarios, el Gobierno de Colom desarrolló "un artificio que buscó evadir los mecanismos de control estatal para defraudar al Estado, a los agremiados de la Asociación y a la ciudadanía en general", añade la denuncia.

A Colom, la Fiscalía le reprochó que hubiese intervenido "de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del Acuerdo" que dio vida al Transurbano.

Junto a Colom y Fuentes Knight, también fueron enviados a prisión los exministros Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ) y Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura), así como un exviceministro.

Mientras tanto, los ministros de Defensa y Ambiente, Abraham Valenzuela y Luis Ferraté, fueron enviados a hospitales por sufrir problemas de salud, que junto con los demás detenidos serán trasladados en diez días a su primera declaración judicial, donde se sabrá si serán procesados y gozarán o no de medidas sustitutivas.

La Fiscalía pedirá también un "antejuicio" (desafuero) contra el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Roger Haroldo Rodas, quien fue ministro de Exteriores entre 2008 y 2012, además de las capturas del ex representante legal de la AEAU y de un miembro de la Comisión de Modernización de Transporte Público y de la junta directiva del ente, Rudy Maldonado y Luis Gómez, respectivamente.

Mientras la anterior administración que presidió el general retirado Otto Pérez Molina se desgranó durante meses junto a diputados, aliados y asociados en múltiples casos presentados, uno a uno, durante meses, la esfera alrededor de Colom y Fuentes Knight reventó, aparentemente, en un solo movimiento.

Una nueva caída que, en palabras del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, muestra que la lucha contra la corrupción en Guatemala no tiene bandera ni color político.

Patricia Pernas y Emiliano Castro Sáenz

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