19 de julho de 2019
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Satélites y drones contra la deforestación del aceite de palma en Indonesia

INDONESIA ACEITE DE PALMA

Banda Aceh (Indonesia), 16 may (EFE).- La lucha contra las plantaciones ilegales de aceite de palma se libra a cientos de kilómetros sobre la superficie de la isla indonesia de Sumatra, con satélites que consiguen esquivar el manto de opacidad del sector.

Las plantaciones de palma, sobre las que impera un gran secretismo, son consideradas por la Unión Europa y distintas ONG la primera causa de deforestación en los principales países productores: Indonesia y Malasia.

Uno de los lugares amenazados es el ecosistema de Leuser, un paraje selvático de más de 2,6 millones de hectáreas habitado por especies protegidas como elefantes, rinocerontes y tigres de Sumatra entre las provincias de Aceh y Sumatra Norte.

Los programas Landsat 8 de la NASA y Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea, los satélites de la empresa privada estadounidense Planet Labs o la iniciativa Global Forest Watch de la universidad de Maryland permiten a las organizaciones medioambientales barrer cerca del 90 por ciento de este ecosistema.

Agung Dwinurcahya, un activista de la organización contra la deforestación Haka, indica que toman acciones legales cuando la pérdida de bosque es superior a cinco hectáreas o afecta a especies protegidas.

"El Gobierno tiene sus propios datos (de deforestación), pero los últimos todavía no se han publicado, solo los de 2017", indica a Efe Agung mientras muestra las avanzadas herramientas de información geográfica en la capital provincial Banda Aceh, en el oeste de Sumatra.

La pérdida de bosques ha conllevado un aumento de los desastres naturales, como inundaciones, avalanchas y sequías, indica el activista.

El Parque Nacional Gunung Leuser, que ocupa casi 8.000 kilómetros cuadrados en el ecosistema Leuser, es considerado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una de las zonas más ricas en biodiversidad del archipiélago indonesio.

En 2018, Aceh perdió más de 15.000 hectáreas de bosque, una cantidad que se ha ido reduciendo progresivamente desde las más de 21.000 hectáreas que fueron taladas en 2015, lo que según Agung muestra que las fuerzas de seguridad se toman más en serio los delitos medioambientales.

Aunque la deforestación de bosque tropical primario está en su momento más bajo en Indonesia desde 2003, es el tercer país que más bosque tropical perdió en 2018 con 340.000 hectáreas, según World Resources Institute.

La Policía local y los cerca de 1.800 guardas forestales de Aceh se enfrentan a una escasez de medios, mientras que el Gobierno ha dificultado sistemáticamente el acceso a la información, tanto a nivel nacional como local, sobre las concesiones agrícolas.

Agung indica que una coalición de activistas denunció en marzo al Ministerio de Agricultura y Ordenación Territorial y la Agencia Nacional de Tierras por vulnerar la ley de 2008 sobre Acceso a la Información Pública (KPI), una medida ya adoptada a nivel local en el pasado.

Mientras tanto el ministro de Coordinación de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, defendió la semana pasada el derecho de mantener inaccesible la información sobre las concesiones para el cultivo de aceite de palma para preservar los intereses económicos nacionales.

En Aceh, Haka traslada las evidencias que detecta con los satélites a la organización Foro para la Conservación de Leuser (FKL), que documenta la situación sobre el terreno con drones y en persona y lleva a los tribunales los casos más significativos.

Del total de 5.000 casos de deforestación, FKL llevó el año pasado a los tribunales 80 casos, de los que el 55 por ciento terminó en una advertencia para los acusados y tan solo el 18 por ciento en penas de cárcel y multas.

Muchos de los que son descubiertos suelen devolver al Estado voluntariamente el terreno, en el que se replanta el bosque, mientras que otros eligen la vía judicial, que puede terminar en la tala de la palma aceitera, en algunos casos excepcionales incluso a manos de FKL.

Tezar Fahlevi, un activista de esta ONG, considera que las carreteras son la principal amenaza para el ecosistema porque son la puerta de entrada a las actividades ilegales de minería, plantaciones o tala, y no son supervisadas por el Gobierno.

"Si el Gobierno pudiese aumentar el número de agentes que vigilan y patrullan estoy seguro de que el número de actividades ilegales disminuiría", afirma Tezar.

Antes de irse, Tezar cuenta que en estos momentos trabaja en un caso de 80 hectáreas de aceite de palma que se encuentran supuestamente en una zona de reserva natural y pertenecen a un miembro de la Cámara legislativa de Aceh.

Ricardo Pérez-Solero

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