15 de novembro de 2019
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Filipinas abandona la CPI entre desazón de las víctimas de la guerra antidrogas

FILIPINAS DROGAS

Manila, 17 mar (EFE).- Por orden del presidente Rodrigo Duterte, Filipinas abandona hoy la Corte Penal Internacional (CPI), decisión que preocupa a defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de la guerra contra las drogas, que temen que los abusos de esa campaña queden impunes.

Pocas semanas después de que la CPI iniciara un examen preliminar sobre las "ejecuciones extrajudiciales" en esa operación impulsada por Duterte, el mandatario anunció en marzo del año pasado que retiraba a Filipinas del Estatuto de Roma que constituyó ese tribunal de La Haya, decisión efectiva hoy.

"Nos preocupa esa medida porque la CPI era una alternativa para reclamar justicia ante las trabas en los tribunales nacionales", contó a Efe Dennis David, padre de John Jezreel David, asesinado por la Policía en enero de 2017 con 21 años en una supuesta redada.

David es uno de los seis familiares de víctimas de la campaña, asesinados a sangre fría por la Policía, que firma una demanda que acusa al presidente de crímenes de lesa humanidad, interpuesta en la CPI el pasado agosto, junto con la organización religiosa Rise Up.

"Vi a mi hijo con vida una tarde cuando iba a trabajar y lo volví a ver tres días después en una morgue", relató este votante arrepentido de Duterte.

Supuestamente su hijo fue detenido por conducir su moto sin licencia ni casco, y acabó siendo disparado a bocajarro con otros dos jóvenes que no conocía de nada en el otro extremo de Manila, en lo que la Policía justificó como una operación antidrogas.

Además del testimonio de dos mujeres que vieron desde sus casas el asesinato, las cámaras del hospital donde trasladaron su cuerpo captó como un agente metía droga en el bolsillo de su chaqueta, pruebas consistentes para llevar el caso a los tribunales aunque la mayoría de los crímenes acaban archivados por falta de pruebas.

"Tengo fe en que se haga justicia. Para mí Duterte es responsable de tanta muerte", aseveró sobre la brutalidad de la campaña, en la que han muerto más de 5.000 personas según la Policía, aunque grupos civiles elevan la cifra a unos 20.000 asesinatos.

Según Kristina Conti, secretaria general de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo y letrada que llevó ese caso ante la CPI, la salida de ese tribunal no afecta a las demandas presentadas cuando el país aún era miembro, pero deja en el limbo los crímenes cometidos en adelante.

"El problema es que ahora el Gobierno filipino no está obligado a cooperar con la CPI presentando los documentos que requieran", explicó Conti, que ha interpuesto unas 200 demandas en tribunales nacionales por los abusos de la campaña.

La abogada es optimista y cree que la CPI cuenta ya con una "base razonable" para elevar su examen preliminar a una investigación formal, aunque "la cuestión es si las pruebas son suficientes para condenar a Duterte por lesa humanidad".

Conti opina que la CPI puede encontrar "un patrón" que implique a Duterte con esos crímenes, ya que públicamente ha instigado a la Policía a matar a cualquier sospechoso; mientras que perseguir un caso criminal por asesinato en los tribunales filipinos es muy difícil porque se necesitan muchas evidencias.

"La Policía lo primero que hace es destruir la escena del crimen, por lo que es muy difícil encontrar pruebas objetivas (...) La otra opción son las evidencias testimoniales, pero los testigos a menudo tienen miedo de hablar porque temen ser los próximos", apuntó.

El abogado filipino Julio Sabio fue el primero en acusar a Duterte ante la CPI por crímenes de lesa humanidad en abril de 2017 -fue la que motivó el examen preliminar de la fiscal Fatou Bensouda-, y desde entonces vive escondido un calvario de amenazas de muerte y una orden de arresto pendiente.

"Después de ir a La Haya a presentar personalmente la demanda, recibí numerosas amenazas de muerte en las redes sociales. Me he mudado y poca gente sabe mi paradero y me muevo en un ámbito muy reducido", relato a Efe mediante menajes de texto, en los que acusa el "régimen tiránico de Duterte" de su situación.

Sabio es el abogado de Edgar Matobato, sicario arrepentido de los "escuadrones de la muerte de Davao", que según su testimonio mataban bajo las órdenes de Duterte las dos décadas que fue alcalde de esa ciudad (de manera intermitente de 1998 a 2010) para acabar con drogadictos, criminales y opositores.

Filipinas se convierte hoy en el segundo país en salir de la CPI tras Burundi, una decisión que es "un retroceso en el compromiso del país con los tratados internacionales y en acabar con la impunidad", según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"La cínica retirada de la CPI es un intento inútil de evadir la justicia internacional", lamentaron desde Amnistía Internacional.

Aunque Filipinas firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo ratificó el Congreso en 2011, Duterte esgrime que ese último paso no es válido porque no figura en la Gaceta Oficial, por lo que la corte no tendría jurisdicción para acusarle.

Sara Gómez Armas

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