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  • JUICIO ERE

    El excargo de la Junta ironiza con un concierto para un fraude en el caso ERE: "¿Había una contraseña?"

    0 13 de março de 2018

    Sevilla, 13 mar (EFE).- El exviceconsejero de Innovación de la Junta Jesús María Rodríguez Román ha ironizado hoy con un supuesto concierto de los 22 excargos del Gobierno andaluz enjuiciados en el caso ERE para cometer un presunto fraude, al preguntarse: "¿cómo se hacía? ¿Había una contraseña para entrar en el club?".

    Rodríguez Román está acusado, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que el Gobierno andaluz repartió entre el 2001 y el 2011 más de 850 millones en ayudas sociolaborales de forma presuntamente arbitraria y para eludir el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

    En su caso se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación.

    Durante su declaración en el juicio, que comenzó ayer y ha concluido esta mañana, ha señalado a preguntas de su abogado que no sabía "cómo se puede poner de acuerdo a tantas personas" para cometer un presunto fraude "que desconocían y además cargos públicos que se incorporaban en distintas fechas".

    "¿Cómo se hacía? ¿Había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante", ha señalado.

    Rodríguez Román fue viceconsejero de Innovación entre el 2005 y el 2010, cuando la agencia pública IDEA dependía ya de la Consejería de Innovación y no de la de Empleo como hasta el 2004, pese a lo cual siguió pagando las ayudas investigadas que daba la Dirección General de Trabajo de la Consejería Empleo con fondos que ésta le aportaba mediante transferencias de financiación.

    La Fiscalía y las acusaciones sostienen que pagar las ayudas a través de IDEA, un sistema que se introdujo en el 2001 mediante un convenio marco entre Empleo e IDEA (entonces IFA) buscaba eludir la fiscalización previa a la que sí se hubieran sometido si las hubiera pagado directamente por la Consejería de Empleo.

    "Ahora conocemos muchas cosas que la mayoría de los que estamos aquí no conocíamos", ha señalado tras negar que "nunca" nadie le trasladara alguna sospecha de irregularidad en los convenios que IDEA firmaba con Empleo para pagar las ayudas y "nunca se puso ningún reparo a IDEA para firmar esos convenios".

    Tampoco recibió ningún informe de la Intervención para suspender los pagos de las ayudas sino que "al contrario, se decía que tenían que seguir pagándose porque estaban en la Ley de Presupuestos".

    "La mayoría de los que estamos aquí no teníamos conocimiento ni sospecha de alguna irregularidad" en las ayudas a trabajadores prejubilados en ERE y empresas en crisis investigadas en la causa.

    Tras Rodríguez Román ha declarado el que fuera secretario general técnico de Empleo entre 1994 y el 2000 y de nuevo entre el 2004 y el 2008 Javier Aguado -que también afronta ocho años de prisión y treinta de inhabilitación-, cuyas respuestas al fiscal han estado plagadas de expresiones como "no sé", "no señor" o "no recuerdo".

    Por su departamento pasaban los presupuestos de los distintas áreas de la Consejería de Empleo, repartidos por programas (entre ellos el destinado a las ayudas investigadas) y las modificaciones presupuestarias que la Dirección General de Empleo proponía para dotar de más fondos al programa de las ayudas, pero según Aguado "éramos meros tramitadores".

    "Éramos las amas de casa de la Consejería", "hacíamos la cocina" o "se dedicaba a cuestiones absolutamente domésticas" han sido sus expresiones para definir la labor de la Secretaría General Técnica.

    Ha negado conocer cómo se regulaban las ayudas, ni su objetivo y destinatarios, ni que se pagaban a través de IDEA, ni las tensiones que ello provocó con la agencia pública ni los informes de la Intervención alertando de que era un sistema inadecuado.

    Incluso, aunque el control del personal de la Consejería era competencia de esa Secretaría, ha dicho desconocer que en la Dirección General de Trabajo quienes tramitaban las ayudas no eran funcionarios sino personal externo contratado por la empresa UMAX.

    "Cuando he sido imputado he preguntado qué es UMAX, no tenía ni idea", ha zanjado.

    Mañana continuará declarando para responder a las preguntas de su abogado defensor.

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