22 de abril de 2021
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Piden justicia por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2016

Tegucigalpa, 2 mar (EFE).- Familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron este martes justicia por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, hace cinco años, por el que consideran que el Estado "está en deuda", pese a que siete personas han sido condenadas.

 En la imagen, Bertha Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres. EFE/Esteban Biba/Archivo

En la imagen, Bertha Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres. EFE/Esteban Biba/Archivo

Tegucigalpa, 2 mar (EFE).- Familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigieron este martes justicia por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, hace cinco años, por el que consideran que el Estado "está en deuda", pese a que siete personas han sido condenadas.

La petición de que se "capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual", dijo a Efe Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016.

Añadió que el Estado de Honduras ha tratado de "crear una cortina de humo respecto a la justicia" dando "los resultados más pobres de este proceso y acallar así también la voz internacional de demandar justicia integral para Berta (Cáceres)".

"Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales, que sigue en deuda", subrayó Zúñiga, coordinadora del Copinh, del que Cáceres fue una de sus fundadores.

Berta Cáceres fue asesinada del 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

DIFÍCIL QUE SE HAGA JUSTICIA

La hija de la ambientalista lenca dijo que ella y su familia no desconocen que "es difícil" que se haga justicia para su madre en Honduras.

"A cinco años (del crimen), lo que se ha notado es que ya se acabaron las excusas de las instancias de justicia de decir que se está investigando, y ya no hay razón. Afortunadamente tenemos lo valioso de las pruebas y la información, que normalmente en casos emblemáticos desaparece", explicó.

En su opinión, en Honduras hace "falta una voluntad del Estado que hasta ahora ha demostrado no tenerla" para que se haga justicia para la ambientalista.

Sin embargo, la familia de Cáceres asegura que "va a seguir luchando".

"Independientemente de que pasen cinco años o los que sean, debemos continuar en esta labor hasta lograrla, y ojalá en otra configuración política donde realmente exista independencia de los poderes", señaló.

AUTOR INTELECTUAL, UNA PIEZA CLAVE

La ambientalista había sido amenazada por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del crimen.

Castillo, un militar hondureño, es "la pieza clave que vincula a los autores intelectuales" del asesinato de la ambientalista, subrayó Zúñiga.

La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó en la víspera que el juicio oral y público contra Castillo se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

Cuatro acusados fueron condenados en noviembre de 2018 a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.

Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del hecho sangriento.

Pese a que siete de los ocho acusados del asesinato de Cáceres han sido condenados, el Estado "está en deuda" en este caso, reiteró Zúñiga.

"Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento", subrayó.

Destacó además que el principal obstáculo que han enfrentado como familia es "romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de justicia y los autores intelectuales del proceso".

Los últimos cinco años han sido "de mucha zozobra, de lucha, de desvelo, de trabajo, agotadores, lo que redime todo esto es la esperanza de encontrar la justicia y la solidaridad de todas las personas que han sido sensibles a este proceso", señaló Zúñiga.

HOMENAJE EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS

Familiares, organizaciones sociales y representantes diplomáticos recordaron hoy a Berta Cáceres en un acto en Santa Catarina, occidente del país, donde se instaló un altar, con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor.

Al homenaje asistieron, entre otros, Austra Flores, Laura y Bertha Zúñiga, madre e hijas de la ambientalista, respectivamente, y el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick.

Las actividades para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres incluyen un concierto virtual y un "tuitazo mundial", con la etiqueta #JusticiaParaBerta!, en las redes sociales.

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La ONU reitera responsabilidad de Honduras para aclarar el crimen de Berta Cáceres

Tegucigalpa, 2 mar (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) recordó este martes el "valioso legado" de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada hace cinco años, y reiteró la responsabilidad de Honduras para esclarecer la verdad del crimen.

La Representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, dijo que esa agencia de la ONU "continúa dando seguimiento a la causa de Berta Cáceres", quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la cuidad de la Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

Reiteró además al Estado hondureño "su responsabilidad de profundizar la investigación de este caso, permitiendo conocer la verdad de los hechos y garantizar la reparación de las víctimas y sus familiares".

"La justicia para las víctimas solamente será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen", añadió.

La ambientalista, que se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), fue asesinada pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

CRIMEN OCURRIÓ EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA

La Oacnudh resalta que el asesinato de Berta Cáceres se dio en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal y como fue constatado por la otrora relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria TauliCorpuz.

En su informe, TauliCorpuz señaló que los pueblos indígenas de Honduras viven "una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad".

La Oacnudh considera fundamental que el Estado de Honduras "redoble sus esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños".

Además, haga efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Aseguró también que observa con "preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres".

Luego de cinco años del asesinato, la Oacnudh "honra su memoria y recuerda su valioso legado en favor de los derechos humanos en Honduras", agregó.

Reiteró además su apoyo y acompañamiento a la familia de la ambientalista y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del que Cáceres fue cofundadora, en los "esfuerzos por la búsqueda de verdad, justicia y reparación"

La Oacnudh ofreció de nuevo su asistencia técnica a las instituciones de Honduras para "garantizar el acceso a la justicia de las víctimas".

En noviembre de 2018 cuatro hombres acusados fueron sentenciado a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 años por el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.

Otros tres fueron condenados a 30 años de cárcel, como coautores del hecho.

El juicio oral y público contra el presidente ejecutivo de Desa, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres, se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

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