25 de novembro de 2020
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Juez salvadoreño concluye visitas a sedes militares sin acceder a los archivos

San Francisco Gotera (El Salvador), 29 oct (EFE).- El juez del proceso penal por la masacre de mil salvadoreños en El Mozote en 1981, Jorge Guzmán, concluyó este jueves con las visitas programadas a seis sedes de la Fuerza Armada para inspeccionar archivos relacionados con la matanza sin lograr tener acceso a los documentos por el bloqueo a la diligencia judicial.

San Francisco Gotera (El Salvador), 29 oct (EFE).- El juez del proceso penal por la masacre de mil salvadoreños en El Mozote en 1981, Jorge Guzmán, concluyó este jueves con las visitas programadas a seis sedes de la Fuerza Armada para inspeccionar archivos relacionados con la matanza sin lograr tener acceso a los documentos por el bloqueo a la diligencia judicial.

Como en las cinco ocasiones anteriores, hoy le fue negada la entrada al Destacamento Militar Número 4 de Morazán, a 208 kilómetros al este de la capital, donde pretendía llevar a cabo la inspección.

Al negársele la entrada, el juez Guzmán preguntó a un militar, que no se identificó, que de ¿dónde viene la orden?, a lo que el uniformado respondió simplemente que "se debe solicitar la información al Ministerio de Defensa".

"Como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes ilegales", manifestó el juez.

David Morales, uno de los abogados defensores de las víctimas de la masacre, dijo a periodistas que con esta acción el presidente Nayib Bukele y el ministro de la Defensa Nacional, Rene Merino Monroy, nuevamente "incurren en los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial".

Señaló que los militares que han negado el acceso al juez de la causa penal "también caen en el delito de encubrimiento porque están favoreciendo a quienes han cometido un delito".

"La Fuerza Armada ha cerrado las puertas a la justicia. Está protegiendo a los responsables del asesinato de más de 1.000 personas, la mitad de ellos niños, lo que no tiene sentido en un país que firmó la paz hace 30 años (...) esto deja en entredicho la voluntad de cumplir las obligaciones de derechos humanos del actual Gobierno", agregó.

Las otras sedes militares que bloquearon el acceso al juez son: el Estado Mayor de la Fuerza Armada en San Salvador, la Primera Brigada Aérea en la central localidad de Ilopango, la Segunda Brigada Aérea en el central municipio de San Luis Talpa, la Fuerza Aérea y la Tercera Brigada de Infantería del departamento de San Miguel (oriente).

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por esta matanza, considerada como la mayor masacre de civiles registrada en Latinoamérica en el siglo XX.

El caso, en el que más de cuarenta personas han testificado, estuvo cerrado por más de 20 años por una ley de amnistía y su reapertura se dio tras una anulación de este beneficio jurídico en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Se espera que la causa sea elevada a juicio a finales del año.

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La solicitud se realiza a propósito de la audiencia oral programada para el viernes, que fue convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por la que han sido citados el presidente del país, Nayib Bukele, y el titular de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.

La Sala de lo Constitucional anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Sin embargo, el Congreso aprobó el 25 de febrero del año en curso una polémica ley de reconciliación nacional que ha sido rechazada por las víctimas del conflicto armado, por ONG que las apoyan y por organismos internacionales, y la han catalogado como una "amnistía disfrazada".

Dicha ley ya fue vetada por el presidente Bukele y regresó a la Asamblea Legislativa para una nueva votación para superar el veto.

La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.

Las organizaciones solicitaron al Supremo que "luego de esta audiencia declare inconstitucional los artículos que contravienen la sentencia emitida e imponga al Congreso un plazo perentorio e impostergable para la finalización y aprobación de una ley de justicia transicional que contribuya a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición".

Además, solicitaron que ordene al Parlamento que para este proceso incluya el aporte técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de demandantes y de representantes de las víctimas.

Asimismo, llamaron al presidente Bukele a que "mantenga su voluntad política de vetar cualquier proyecto de ley que sea contrario a las disposiciones constitucionales" y al fiscal general, Raúl Melara, que "avance diligentemente en la investigación y judicialización de los casos presentados durante los últimos años por las víctimas y organizaciones de derechos humanos".

La anulación de la ley de amnistía permitió la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).

Entre 1980 y 1992, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto bélico que dejó unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.

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