19 de setembro de 2020
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El senador Cepeda dice que la detención de Uribe ayuda a consolidar la democracia

Bogotá, 4 ago (EFE).- El senador opositor colombiano Iván Cepeda, contraparte del proceso por el que este martes la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, valoró esa decisión como una oportunidad "para consolidar la democracia".

 En la imagen el senador opositor colombiano Iván Cepeda. EFE / RICARDO MALDONADO ROZO /Archivo

En la imagen el senador opositor colombiano Iván Cepeda. EFE / RICARDO MALDONADO ROZO /Archivo

Bogotá, 4 ago (EFE).- El senador opositor colombiano Iván Cepeda, contraparte del proceso por el que este martes la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, valoró esa decisión como una oportunidad "para consolidar la democracia".

"Considero que esta es una decisión que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. La lección que hoy nos da esta decisión es que no hay personas en Colombia que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean", dijo Cepeda en una rueda de prensa.

Uribe informó este martes que la Corte Suprema, tribunal ante el cual declaró en octubre del año pasado, ordenó su detención en un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

El caso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, congresista del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

ABUNDANTE MATERIAL PROBATORIO

Ante la decisión que tomó hoy la Corte, Cepeda aseguró que esta no fue "superficial" porque el proceso contra el expresidente ha sido objeto de una "larga revisión" en la que el tribunal tuvo "abundante material probatorio que sustenta" su determinación.

Cepeda rechazó además las acusaciones que le hacen defensores de Uribe, en el sentido de que fue él quien visitó cárceles del país en busca de delincuentes que sirvieran para declarar contra el expresidente.

El senador insistió en que su equipo de abogados se ha limitado a ejercer "en estricto sentido la defensa" y que no han tenido contacto con ninguno de los testigos vinculados por el tribunal en el proceso.

"No hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares u organizaciones criminales. Quien ha recurrido a esos testigos, para ser más exactos, a 22 testigos que han sido presentados ante la Corte, ha sido la contraparte", aseguró.

El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, resaltó por su parte "la independencia que mostró la Corte Suprema de Justicia pese a la enorme presión de la que fue objeto durante estos días y estas últimas horas, incluso desde el propio Gobierno".

Uribe es el fundador del partido Centro Democrático al que pertenece el presidente Iván Duque.

El senador Cepeda hizo un llamado al país a asumir la decisión del tribunal "con serenidad" pues es solo el comienzo de un proceso eventual "de llamamiento a juicio" en el que la defensa del expresidente Uribe tiene todas las herramientas para garantizar su derecho a la justicia".

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se convirtió este martes en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención.

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Las madres de las víctimas de los "falsos positivos" esperan justicia en caso de Uribe

Bogotá, 4 ago (EFE).- Las Madres de Soacha, que hace más de una década esperan que el expresidente colombiano Álvaro Uribe responda por las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como "falsos positivos", dijeron este martes que la orden de detención en su contra es una "gran avance de la justicia".

Uribe, quien gobernó en Colombia entre 2002 y 2010, informó hoy que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Pese a que los casos no tienen relación, las integrantes de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO) aseguraron que la decisión de la Corte Suprema las llena de "esperanza" tras más de diez años en los que han denunciado "total impunidad".

"Para nosotros fue una gran felicidad esa noticia y obviamente el clamor que tenemos ante la justicia colombiana es que también se siga avanzando sobre el caso de los falsos positivos", dijo a Efe Jackeline Castillo, una de las integrantes de MAFAPO.

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos", ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate, casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que se incrementaron durante el Gobierno de Uribe.

Los militares reclutaban a los jóvenes, incluso discapacitados, con falsas promesas de empleo y los conducían a otros lugares del país para asesinarlos y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores por sus supuestos resultados en la lucha contra la guerrilla.

Muchos de los jóvenes asesinados era oriundos de Soacha, municipio en las afueras de Bogotá, y de ahí el nombre de la asociación.

TRECE AÑOS DE LUCHA CONTRA IMPUNIDAD

Castillo se unió a MAFAPO en 2008 cuando su hermano, Jaime Castillo, quien desapareció en Bogotá el 10 de agosto de ese mismo año, apareció muerto dos días después en el departamento de Norte de Santander e identificado como "guerrillero dado de baja en combate".

Castillo, que espera saber toda la verdad de lo que pasó con su hermano, aseguró que MAFAPO seguirá buscando justicia, principalmente ahora que sienten que su "lucha no ha sido en vano".

"Esta lucha ha sido con mucha tristeza, mucha humillación y revictimización. Han sido trece años de estos viles asesinatos, pero nuestra lucha ha sido incansable, sin bajar la guardia. Nos caemos, nos levantamos y seguimos aquí esperando los resultados que estamos viendo hoy", agregó.

ESPERANZA EN LA JUSTICIA

Castillo aseguró que la decisión, que convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención, llenó de "emoción total" a todas las madres y hermanas que hoy ven "una luz de esperanza" al saber que "por fin hubo un avance con la justicia".

Ellas han denunciado que la mayoría de sus casos han quedado en la impunidad y que no han tenido acceso real a la justicia para conocer lo que realmente sucedió con sus familiares y quién ordenó sus ejecuciones.

"Para nosotros es evidente, y lo han dicho varios militares en las versiones, que sí había presión para dar resultados y había presión por bajas", agregó al referirse a la política ejecutada durante el Gobierno de Uribe.

Castillo añadió que después de 13 años de búsqueda de la justicia "podríamos decir que seguimos en total impunidad. Tristemente tenemos que decirlo: así como este caso hay casos que vienen de mucho más atrás en los que ha reinado la impunidad".

Uribe, entre la guerra contra las FARC y los abusos en el poder

Bogotá, 4 ago (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe, de 68 años, que este martes se convirtió en el primer exmandatario cuya detención ordena la justicia, alcanzó una enorme popularidad por su lucha sin cuartel contra las FARC pero sus tácticas acabaron por ponerlo ante los tribunales.

De estilo ejecutivo a la hora de mandar, Uribe comenzó su vida pública en Medellín, donde nació en 1952 y se formó como abogado, y en su recorrido por distintos puestos de la Administración aprendió el engranaje de la burocracia que años después lo llevó a imponer su sello en la Presidencia colombiana en el periodo 2002-2010.

Comenzó en 1976 como jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, desde donde pasó en Bogotá a la Secretaría General del Ministerio del Trabajo (1977) y luego a la Dirección de la Aeronáutica Civil (1980-1982).

CARRERA MARCADA POR LAS FARC

Regresó a Medellín en 1982 como alcalde nombrado y al año siguiente enfrentó una tragedia familiar que daría un giro a su visión de la política y del país: el 14 de junio de 1983 su padre, Alberto Uribe, fue asesinado en su hacienda en la localidad de San Roque (Antioquia) por guerrilleros de las FARC.

En 1984 Uribe fue elegido concejal de Medellín por el Partido Liberal y dos años después llegó por primera vez al Senado donde permaneció hasta 1994 y se dio a conocer como un político audaz que no temía enfrentar a sus contradictores.

Hizo una pausa en la política en 1998 para irse a estudiar en Estados Unidos y el Reino Unido y en esa época apoyó la candidatura presidencial del liberal Horacio Serpa, que perdió las elecciones de ese año con el conservador Andrés Pastrana.

En la campaña presidencial de 2002 subió como espuma en las encuestas con su promesa de combatir a las FARC que en ese entonces tenían un poder de fuego superior al del Ejército, determinación que aumentó luego de salir ileso de un atentado con un autobús cargado de explosivos detonado al paso de su caravana en Barranquilla el 15 de abril de 2002, que dejó cuatro muertos y seis heridos.

Para entonces el Gobierno de Pastrana negociaba sin éxito con las FARC a las que había concedido una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, que la guerrilla aprovechó para incrementar su actividad criminal, lo que aumentó la popularidad de Uribe, decidido a acabar esos abusos si ganaba la Presidencia.

BAUTISMO DE FUEGO

En mayo de 2002 consiguió el triunfo en primera vuelta y el 7 de agosto de ese año las FARC le dieron un bautismo de fuego al lanzar cohetes contra la Casa de Nariño, sede presidencial, cuando Uribe se aprestaba a jurar el cargo.

Uno de los artefactos cayó en un barrio aledaño al palacio y dejó 14 civiles muertos.

Al tiempo que arreciaba su lucha contra los grupos guerrilleros, Uribe empezó a negociar en 2003 la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas de tantas atrocidades como las FARC y de operar como aliadas del Gobierno y en particular del Ejército.

Ese proceso, criticado por ser laxo con los paramilitares, concluyó en 2006 con la desmovilización de 31.000 combatientes.

Años después salió a la luz el llamado escándalo de la "parapolítica", el contubernio de políticos con paramilitares en distintos lugares del país para ganar elecciones y contratos a como diera lugar e imponer su ley a sangre y fuego en las regiones.

En el auge de su poder Uribe impulsó una reforma a la Carta Magna para permitir la reelección presidencial inmediata, aprobada en octubre de 2005 por la Corte Constitucional.

De esta forma, al año siguiente pudo presentarse de nuevo como candidato y fue reelegido para el periodo 2006-2010 al arrasar en primera vuelta con el 62,2 % de los votos.

GOLPES A LA GUERRILLA

En el segundo mandato, Uribe consiguió lo que antes parecía imposible: golpear el corazón de las FARC con operaciones militares que acabaron con la fama de invulnerables de los mandos de esa guerrilla.

El 2 de marzo de 2008 un bombardeo en territorio ecuatoriano mató al número dos de las FARC, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes"; dos días después fue asesinado alias Iván Ríos, otro miembro del Secretariado de la guerrilla, a quien un escolta le cortó la mano derecha como prueba para cobrar la recompensa ofrecida por el Gobierno.

El 26 del mismo mes el país se enteró de la muerte en las montañas de Colombia del fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias "Manuel Marulanda Vélez".

La racha de Uribe continuó el 2 de julio de ese 2008 con la "Operación Jaque", en la que el Ejército rescató a 15 secuestrados por las FARC hacía varios años, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once militares y policías.

MANIOBRAS PALACIEGAS

Para entonces empezaron a salir a flote las primeras denuncias en su contra, como la de la congresista Yidis Medina que declaró haber negociado su voto favorable a la reelección a cambio de prebendas que le dieron personas cercanas a Uribe.

A ese escándalo le siguieron los de familiares suyos y colaboradores cercanos condenados por parapolítica, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes conocidas como "falsos positivos" y las interceptaciones ilegales de llamadas telefónicas de jueces, magistrados, periodistas y opositores que minaron su popularidad.

Tras ayudar a elegir en 2010 a Juan Manuel Santos como su sucesor y la posterior ruptura con él porque no estaba de acuerdo con las negociaciones de paz con las FARC, Uribe fundó su propio partido, el Centro Democrático, con el que fue elegido senador y se convirtió en líder de la oposición.

Fue en el Senado donde nació la disputa con Iván Cepeda, congresista del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), a quien Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos porque le preparaba una denuncia en el legislativo por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló no solo archivó la demanda contra Cepeda sino que le abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos que hoy lo tiene bajo detención por primera vez en su vida.

Ovidio Castro Medina

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