05 de junho de 2020
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Indígenas de Costa Rica viven con miedo tras décadas defendiendo sus tierras

San José, 29 mar (EFE).- El sonido de los motores es para ellos sinónimo de violencia y muerte. Los pueblos indígenas del sur de Costa Rica siguen temiendo por su integridad tras décadas de lucha defendiendo sus territorios. Un conflicto enquistado con ganaderos y terratenientes que ya segó la vida de varios de sus líderes y diezmó sus fuentes de supervivencia.

San José, 29 mar (EFE).- El sonido de los motores es para ellos sinónimo de violencia y muerte. Los pueblos indígenas del sur de Costa Rica siguen temiendo por su integridad tras décadas de lucha defendiendo sus territorios. Un conflicto enquistado con ganaderos y terratenientes que ya segó la vida de varios de sus líderes y diezmó sus fuentes de supervivencia.

Las turbas, armadas con machetes y armas de fuego, buscan sacar a los indígenas de sus territorios recuperados, cuya propiedad reclaman rancheros y finqueros que aseguran haberlos obtenido de forma legal, aunque la titulación de tierras en la zona es prácticamente inexistente.

Las tensiones por el poder sobre la tierra se han recrudecido en los últimos años, lo que ha provocado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera desde el 2015 medidas cautelares en favor de los pueblos Térraba (etnia teribe) y Salitre (etnia bribri), situados en la provincia de Puntarenas.

Pese a estas medidas, la violencia continúa con episodios que se cuentan por decenas y que van desde atacar a dirigentes y amenazarlos, hasta el incendio premeditado de fincas recuperadas por las tribus.

SERGIO Y JHERY, LOS MÁRTIRES DE LA LUCHA POR LA TIERRA

Sergio Rojas fue asesinado a balazos hace un año en la comunidad de Salitre.

Jhery Rivera, en Térraba, hace apenas unas semanas. Ambos líderes y dirigentes indígenas se pusieron al frente de sus etnias para proteger sus territorios ancestrales, un esfuerzo que les costó la vida y que pone en evidencia el recrudecimiento de la violencia contra sus comunidades.

"Fue el tercer intento de matarlo y ahora sí lo exterminaron. Se habían conseguido las mediadas cautelares pero el gobierno nunca quiso ejecutarlas", denuncia en declaciones a Efe Digna Rivera, madre de Jhery, desde su casa en Térraba.

La noche anterior al asesinato de su hijo habían señalado a "treinta y seis líderes en la lista de morir", cuenta Digna, pero nadie puso remedio.

"Cuando usted no tiene la administración de su casa, usted no es nadie. Desde que perdimos la administración somos invasores en nuestro propio territorio -insiste-, no tenemos derecho a opinar".

Jhery fue enterrado al lado de su casa, en su tierra, donde su padre Enrique Rivera y su madre Digna, recuerdan las luchas sociales que lideró su hijo en defensa de los derechos de sus pueblos.

"Nosotros como indígenas somos dueños del territorio, solo que está administrado por la asociación que debe ver cómo organiza para recuperar esas tierras. Si no lo hace va a haber gente que se dispone a recuperarlas de alguna manera arriesgando su vida ante amenazas muy fuertes y mi hijo murió por eso", explica Enrique en entrevista con Efe.

"De eso nos sentimos alegres, él es un mártir más en el año 2020, pero a la par nos duele bastante porque la conquista no ha llegado", confiesa.

UN CONFLICTO DE LARGA DATA SIN SOLUCIÓN

La Ley Indígena costarricense de 1977 establece que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades pese a que los propietarios no indígenas afirman que adquirieron las tierras amparados por la legalidad.

Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, cuenta con poco más de 100.000 indígenas de ocho etnias diferentes: Bribri, Cabécar, Maleku, Chorotega, Huetar, Teribe, Brunca y Ngäbe.

Todos ellos enfrentan un problema común: durante años personas no indígenas se han ido apropiando de sus terrenos, algunas veces porque los mismos indígenas se los vendieron o intercambiaron, pero eso tampoco lo permite la ley.

INCENDIOS Y DEFORESTACIÓN

Térraba, el pueblo de Jhery, tiene una extensión de 9.300 hectáreas y aunque a simple vista parece una comunidad como cualquier otra, la presencia de la ganadería y la deforestación son evidentes.

Según los indígenas del lugar, el 85 % del territorio está en manos de personas no indígenas y ante la inacción del Gobierno, en los últimos años se han intensificado las recuperaciones de hecho ejecutadas por ellos mismos, las cuales son respondidas con violencia por parte de grupos afines a los terratenientes y ganaderos.

Han sido quemadas fincas enteras en las que los indígenas siembran cultivos básicos para su alimentación o economía como el plátano.

El Gobierno asegura que ha reforzado la seguridad en la zona y que trabaja en un plan de recuperación de tierras, pero los indígenas consideran que no son acciones suficientes.

Existe incluso una división interna en el pueblo Térraba, pues por mandato legal la administración de las tierras corresponden a la Asociación de Desarrollo de la Comunidad, cuyo trabajo es criticado por el Consejo de Mayores (ancianos) del pueblo, que le acusa de ser un órgano político que no representa la cultura indígena y que está alineada a intereses de quienes les invaden.

"La gran intención de nosotros es estructurar una forma de gobernanza propia donde no haya divisionismo, donde pueda nuestro pueblo tener una forma de vida como la que teníamos muchísimos años atrás. El Estado sabe que eso se puede hacer, pero ha estado haciendo otra cosa", argumentó Manuel Villanueva, miembro del Consejo de Ancianos de Térraba.

UNA LUCHA CON ROSTRO DE MUJER

Cindy Vargas y María Ortiz se adentraron el pasado febrero en una finca que por más de 90 años había pertenecido a su familia por derecho ancestral.

Pretendían recuperarla y detener la tala de árboles y otras actividades delictivas que allí estaban sucediendo, pero todo acabó mal.

"El resultado de darle protección a esa finca fue que una turba de más o menos 150 personas nos atacaron", recuerda Vargas, evocando el episodio en el que fue asesinado Rivera.

Para la recuperadora indígena, al conflicto por las tierras se suma el "racismo, el odio y la violencia de género".

"Todo esto no se reduce al asesinato de Jhery sino que se amplía al intento de asesinato de nosotras, las mujeres indígenas", apunta.

Pero en palabras de Ortiz, las mujeres de sus comunidades están dando ejemplo a las futuras generaciones sobre cómo hacer valer los derechos de los pueblos indígenas. Lo que les hace seguir adelante.

"¿Por qué tanta violencia hacia nosotras? Ellos gritan en la calle que las mujeres deben ser violadas y los hombres asesinados. No es fácil aceptar esa realidad", denuncia.

"No hemos vuelto a dormir tranquilas -confiesa-. Desde que se oyen bajar las motos y los carros, no tenemos cómo resguardarnos. Dormimos con un ojo abierto y otro cerrado".

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