16 de julho de 2019
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Bachelet pide a Maduro que garantice la labor de la misión de la ONU en Venezuela

Ginebra, 20 mar (EFE).- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy al Gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.

 La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presenta, este miércoles, su informe anual ante el Consejo de los Derechos Humanos en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). EFE/Archivo

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presenta, este miércoles, su informe anual ante el Consejo de los Derechos Humanos en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). EFE/Archivo

Ginebra, 20 mar (EFE).- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy al Gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.

"Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una primera medida positiva", destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que "es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones".

También pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que no haya represalias "contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos", sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.

La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el Gobierno de Maduro le ha extendido una invitación pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes.

Bachelet informó al Consejo de las novedades que en materia de derechos humanos se han dado en Venezuela durante el último año, periodo en el que según la expresidenta chilena continúa habiendo una grave crisis que "constituye además un inquietante factor de desestabilización regional".

"Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente", subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas "se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos".

La alta comisionada indicó por otro lado que las sanciones de Washington a Caracas, que afectan entre otros aspectos la venta de crudo venezolano a EEUU, "pueden contribuir a agravar la situación económica".

Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.

"La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada", explicó Bachelet.

"También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela", subrayó la alta comisionada, quien denunció que la "ley contra el odio" aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.

En lo social, Bachelet dijo que los recientes apagones en Venezuela "simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país", donde un millón de niños han dejado de ir a clase por problemas económicos de familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado a otros países.

"La polarización está agravando una situación ya de por si crítica", concluyó la alta comisionada, quien destacó que "es preciso que se alcance un acuerdo para una solución política".

En respuesta al informe de Bachelet, la representación venezolana acusó hoy a EEUU y sus "acólitos regionales" de estar detrás de las manifestaciones violentas en el país, del ataque contra Nicolás Maduro en agosto de 2018 o del reciente apagón general en diversas ciudades venezolanas, entre otros sucesos.

"Los actos violentos y criminales que se han repetido en Venezuela en los últimos años son promovidos por un sector de la oposición financiado desde el exterior", aseguró en su intervención en la sede europea de Naciones Unidas el embajador de Venezuela ante el consejo, Jorge Valero.

El diplomático añadió que EE.UU. "roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo, y junto a sus acólitos regionales habla de una supuesta crisis humanitaria".

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Bachelet alarmada por las amenazas contra jueces anticorrupción en Guatemala

Ginebra, 20 mar (EFE).- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que resulta alarmante el aumento en Guatemala de amenazas a la independencia y a la integridad de jueces a cargo de procesos claves en la lucha contra la corrupción y sobre justicia transicional.

Incluso los magistrados de la Corte Constitucional sufren esa situación, denunció Bachelet, durante la presentación del informe de su oficina sobre Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.

La alta comisionada dijo que la decisión del Gobierno del presidente Jimmy Morales de retirarse del acuerdo que creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) también puede representar "un retroceso significativo en la batalla que se libra contra la corrupción y la impunidad" en ese país.

En una intervención ante el Consejo, donde todos los países que fueron objeto de un informe de la oficina de Bachelet tuvieron derecho a la réplica, el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) de Guatemala, Jorge Luis Borrayo, acusó a la Cicig de representar intereses contrarios a los de su país.

"La Cicig ya no existe, ni mucho menos la figura de un comisionado. La inexistencia de la Cicig no impide a los órganos competentes nacionales continuar con los procesos iniciados, así como presentar nuevos casos", sostuvo Borrayo.

El jefe de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, quien también se encuentra en Ginebra en reuniones en torno al Consejo de Derechos Humanos, aseguró esta semana a Efe que su entidad sigue funcionando en Guatemala bajo su dirección, que ejerce desde el exterior en vista de que el gobierno le ha prohibido entrar al país.

En la presentación de su informe sobre Guatemala, Bachelet también expresó alarma por leyes que se discuten en el Congreso y que podrían "revertir los progresos en cuanto a rendición de cuentas" y "limitar los derechos humanos".

Se refirió, en particular, a la iniciativa 5377, que implicaría la liberación inmediata de todos los condenados y detenidos por graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Bachelet dijo que tal medida sería "una negación de la justicia y pondrían a las víctimas y a sus familias en riesgo de ser objeto de represalias".

También criticó el proyecto de ley 5257, que restringiría el trabajo de las ONG e impactaría negativamente en el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, lo que es especialmente grave cuando acaba de empezar la campaña electoral de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 16 de junio en Guatemala.

"Me preocupa el riesgo de que las tensiones y hasta la violencia aumenten conforme las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se acercan", comentó la alta comisionada.

Consideró que es fundamental que los grupos que siempre han sufrido discriminación y exclusión en Guatemala puedan tener una participación real en las elecciones y una representación adecuada.

Bachelet pide un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso de Colombia sobre Justicia de paz

Ginebra, 20 mar (EFE).- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy un rápido acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso de Colombia para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empiece a funcionar, conforme lo estableció el acuerdo de paz con las FARC.

Se trata de un tribunal que debe juzgar los crímenes de guerra durante el conflicto interno en ese país, pero su puesta en marcha se ha retrasado por la reciente decisión del presidente colombiano, Iván Duque, de vetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP.

"Dos años después de la firma del acuerdo de paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral", declaró la alta comisionada en la presentación de los informes de su oficina acerca de una serie de países ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.

La Ley Estatutaria de la JEP ha vuelto al Congreso porque Duque considera que los artículos objetados no garantizan los principios de verdad, reparación y no repetición amparados en el acuerdo de paz.

Al respecto, Bachelet pidió una "decisión rápida" por parte de los poderes del Estado para que el JEP pueda operar "de una manera más independiente y se refuerce la seguridad legal de las víctimas".

Además, Bachelet dijo que resultan preocupantes "algunos aspectos de la nueva Política de Seguridad" de Colombia, en particular los relativos al aumento del uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y la creación de una red de participación cívica para reforzar la seguridad.

Por otra parte, la alta comisionada dijo que su oficina recibió, hasta el pasado 8 de marzo, información sobre 27 asesinatos de defensores de los derechos humanos desde inicios de 2019, mientras que en 2018 hubo 110 casos, de los que una cuarta parte correspondieron a indígenas y afrocolombianos.

"La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las FARC-EP era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales", explicó.

Varios activistas fueron asesinados justamente por su apoyo a elementos del acuerdo de paz, como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

En la réplica de Colombia a lo expuesto por Bachelet, la embajadora de este país ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, reconoció que la transición hacia la estabilidad y la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio colombiano "ha coincidido con más ataques y amenazas contra los líderes sociales".

Sostuvo que la causa principal es el control que ejercen sobre esas áreas economías ilegales.

Acerca de los comentarios de Bachelet sobre la implementación del acuerdo de paz, la representante colombiana recordó que corresponde a la Misión de Verificación de Naciones Unidas hacer el seguimiento y emitir recomendaciones a ese respecto.

Por ello, dijo que la oficina de Bachelet debe evitar "duplicar funciones" con esa misión.

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