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    Alianza Cívica propone juicios y adelantar comicios para superar crisis en Nicaragua

    0 19 de março de 2019

    Managua, 19 mar (EFE).- La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica propuso este martes en la mesa de negociación que mantiene con el Gobierno de Daniel Ortega promover juicios y elecciones anticipadas para superar la crisis que estalló hace casi un año.

    En una agenda de cinco puntos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Ejecutivo en la mesa de negociación que comenzó el 27 de febrero pasado, también planteó la liberación de los considerados "presos políticos" y anulación de los respectivos procesos judiciales.

    En rueda de prensa, la experta constitucionalista e integrante de la Alianza, Azahalea Solís, explicó sus cinco puntos de agenda, que buscan el establecimiento de la democracia en Nicaragua, así como justicia para las víctimas de la violencia desatada a partir del 18 de abril de 2018.

    El primer punto consiste en la liberación de los "presos políticos" y la garantía de los derechos y libertades públicas establecidos en la Constitución, así como la anulación de juicios contra manifestantes encarcelados.

    El segundo busca el retorno de la democracia a través del establecimiento de un sistema electoral confiable, que incluya las recomendaciones y observaciones para unas elecciones anticipadas, que sean "libres, justas, transparentes y observadas".

    Como tercer punto la Alianza busca justicia, por medio de un proceso de búsqueda de la verdad, juicios, reparación y garantía de no repetición, que consoliden la paz, la seguridad y los derechos humanos, sin caer en la impunidad.

    Un cuarto punto es la implementación de mecanismos para que los acuerdos se realicen en el menor plazo posible.

    El quinto y último busca que el Gobierno cumpla con su promesa de aplicar las 18 recomendaciones emitidas a mediados de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para superar la crisis, entre ellas el cese de la represión y juzgar a los responsables de actos violentos.

    Los detalles de la agenda fueron presentados públicamente para que los nicaragüenses conozcan cuáles acepta el Gobierno y cuáles no, según avancen las negociaciones, según la Alianza.

    El 11 de marzo el Gobierno presentó una agenda en la que se mostró abierto a tocar temas como la libertad de los manifestantes presos, reformas electorales, justicia y reparación, e implemento de los acuerdos.

    El Ejecutivo, a través de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dijo el lunes que el Gobierno está "en el empeño, en la responsabilidad, en la sincera preocupación, el sincero compromiso, de consensuar lo mejor para Nicaragua".

    Las negociaciones transcurren hasta ahora sin resultados concretos y en medio de la desconfianza mutua, según han reconocido las partes.

    Mientras, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) instó al Gobierno a crear las condiciones básicas para iniciar "una negociación franca y sincera".

    En tanto, el analista político y académico Félix Maradiaga sugirió a la Alianza Cívica levantarse de la mesa de negociación, bajo el argumento que Ortega está "urgido" de resolver la crisis antes de que su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "colapse".

    "¿Acaso no valdría la pena, más bien, suspender totalmente todo diálogo o negociación con Ortega, y esperar a que Maduro esté más arrinconado y a que las sanciones aprieten más", planteó.

    Por otro lado, el cardenal Leopoldo Brenes elogió la labor del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag como testigo y acompañante internacional de las negociaciones, especialmente en la gestión por la excarcelación de prisioneros opositores.

    El representante del Vaticano ha sido el principal gestor de la excarcelación de 188 manifestantes antigubernamentales, según cifras del Gobierno, y de 162, según la oposición, que guardaban prisión por protestar contra Ortega.

    Durante la jornada, un juez de Nicaragua archivó una acusación contra la Yonarqui Martínez, conocida como "la abogada de los presos políticos" por representar legalmente a más de 60 detenidos.

    Nicaragua sufre una grave crisis que ha ocasionado 325 muertos desde abril del año pasado, según la CIDH, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

    El Gobierno de Nicaragua dice que la "tiniebla no volverá a apoderarse" del país

    Managua, 19 mar (EFE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo este martes que "no volverá la tiniebla a apoderarse" al referirse a las protestas callejeras antigubernamentales que han dejado cientos de muertos y de detenidos y ante las cuales se lleva a cabo un diálogo nacional para superar la crisis.

    "No volverá esa tiniebla. Aquí estamos, armados con el escudo de la fe, de la esperanza, con el evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con toda la armadura de Dios", expresó Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, a través de medios oficiales.

    Murillo aseguró que su Gobierno está "trabajando por el bien de todos", por lo que, sostuvo, "no volverá la tiniebla, no volverán las huestes espirituales de maldad, no".

    Desde el 18 de abril del año pasado, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 762 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

    El presidente Daniel Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"

    Entre otros puntos, la oposición nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica propuso este martes en la mesa de negociación que mantiene con el Gobierno elecciones anticipadas para superar la crisis que estalló hace casi un año.

    Mientras el Gobierno ha presentado una agenda en la que se muestra abierto a tocar temas como la libertad de los manifestantes presos, reformas electorales, justicia y reparación.

    El Ejecutivo, a través de Murillo, ha asegurado que el Gobierno está "en el empeño, en la responsabilidad, en la sincera preocupación, el sincero compromiso, de consensuar lo mejor para Nicaragua"; sin embargo las negociaciones transcurren hasta ahora sin resultados concretos y en medio de la desconfianza mutua, según han reconocido las partes.

    La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

    Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

    Ortega, que lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.

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