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    EE.UU. alega "motivos de seguridad" para no reunir con sus padres a 46 niños

    0 12 de julho de 2018

    Washington, 12 jul (EFE).- El Gobierno estadounidense alegó hoy "motivos de seguridad" para no reunir con sus padres a 46 niños menores de 5 años, después de no cumplir el plazo dado por la Justicia para proceder a reunificar a 103 pequeños que fueron separados de sus familias en la frontera con México.

    "Nuestra prioridad máxima es y seguirá siendo la seguridad y el bienestar de los niños. (...) Cada paso en el proceso de reunificación es necesario para protegerlos: eliminar alguno incrementaría el margen de error", señaló en una conferencia telefónica Chris Meekins, un alto cargo del Departamento de Salud.

    Los secretarios de Salud, Alex Azar, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general, Jeff Sessions, aseguraron en un comunicado que sus procedimientos "cuidadosos" han evitado que algunos niños fueran reunidos con un "presunto asesino", un adulto "condenado por abuso infantil" o personas que no son sus padres biológicos.

    La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado poco antes que sí ha podido reunir a 57 menores de cinco años con sus padres, que estaban "perfectamente capacitados" para encontrarse con sus hijos.

    Las familias que han sido reunificadas esta semana han sido liberadas de custodia federal, se les han instalado tobilleras de monitoreo electrónico para verificar su localización y se les ha ordenado comparecer ante un tribunal para su proceso de inmigración.

    El Gobierno precisó en su nota que no ha podido reunir a 46 menores con sus padres porque éstos tienen "antecedentes criminales graves", han sido deportados o están encarcelados, entre otras cuestiones.

    De acuerdo al listado, once padres tienen "antecedentes criminales graves", incluyendo condenas por crueldad infantil, secuestro, asesinato, contrabando humano y violencia doméstica.

    En la llamada, Meekins detalló que uno de los padres es buscado por asesinato en Guatemala y otro "ha abusado sexualmente de una chica joven".

    Además, siete de los adultos que reclamaron a los bebés no eran sus padres biológicos, aunque el Departamento de Salud no quiso determinar si se trataba de familiares cercanos u otras personas.

    Lo que sí puntualizó el Gobierno de Trump es que de estos siete adultos, tres admitieron que no eran los padres biológicos antes de realizarse las pruebas de ADN y otros cuatro mantuvieron su postura hasta que salieron los resultados del examen.

    Por otro lado, una persona falsificó un certificado de nacimiento y otro más está siendo tratado por una enfermedad contagiosa, por lo que se consideró peligroso que su hijo volviera con él, de acuerdo al Ejecutivo.

    El Departamento de Seguridad Nacional identificó también a doce padres que ya han sido deportados, nueve que están encarcelados por "otros delitos", dos que se encuentran bajo custodia en cárceles estatales y uno que está en paradero desconocido.

    En el caso de los deportados, el jefe de la Oficina de Detención y Deportación, Matthew Albence, también presente en la conferencia telefónica, apuntó que EE.UU. "no tiene ninguna obligación" de reunirlos con sus hijos.

    "Si los padres quieren que los niños regresen a su país de origen, nosotros lo facilitaremos", señaló Albence, que dejó claro que el proceso a la inversa no sucederá.

    Según su relato, en el momento de ser deportados se les preguntó si querían que sus hijos les acompañaran y declinaron la oferta.

    Poco después de hacerse públicos los datos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que ha liderado la batalla judicial a favor de las reunificaciones de los familiares, criticó que el Gobierno no haya cumplido con la orden del juez federal Dana Sabraw.

    Sabraw determinó a finales de junio que el Gobierno debía reunificar a estas familias y le dio 14 días de plazo para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años, que expiró este martes, y de 30 días para los mayores de esa edad.

    En total, cerca de 3.000 menores han sido separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política de "tolerancia cero" contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, lo que llevaba al encarcelamiento de los adultos y la consiguiente separación de sus hijos.

    ONG analiza en EE.UU. medidas por el incumplimiento del Gobierno de reunir familias

    San Diego (EEUU), 12 jul (EFE).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) evalúa hoy recomendar una sanción contra el Gobierno de Estados Unidos por haber incumplido la orden judicial de entregar a sus padres a los 103 niños separados en la frontera en el plazo establecido por la corte de San Diego.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que hasta esta mañana ha reunido con sus padres a 57 niños inmigrantes "elegibles", mientras que otros 46 han quedado en espera por diferentes motivos.

    Sin embargo, el mandato emitido por el juez Dana Sabraw de la corte federal de San Diego, en California, precisaba que la liberación de menores debió realizarse el pasado 10 de julio.

    "Si realmente 57 niños han sido reunificados debido a la demanda, no podemos estar más felices por estas familias", expresó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes para ACLU y quien ha defendido el caso en la corte.

    "Pero que no haya duda, el gobierno falló en la fecha límite incluso para estos 57 años. En consecuencia, para el final del día decidiremos qué remedios recomendar ante el tribunal por este incumplimiento", agregó el abogado.

    Entre las posibles sanciones se podría solicitar una fuerte multa u otro tipo de compensación, según adelantó el abogado en ruedas de prensa ofrecidas a lo largo de esta semana.

    Sabraw solicitó al Gobierno de Donald Trump que entregase hoy un informe ante la corte donde detalle sus avances para cumplir la orden judicial, así como los motivos por los cuales no se habría reunificado al total del grupo, que hoy se dijo es de 103 niños menores de cinco años.

    De los 46 niños que no regresaron con sus padres, 22 de ellos fueron catalogados por el Gobierno como inelegibles dado que existe un riesgo de seguridad, como en el caso en que los adultos tienen antecedentes criminales o que se comprobó que estos no eran los progenitores, según cifras reveladas hoy.

    En otros 24 casos, la reunificación no se concretó dentro del plazo debido a las circunstancias en las que se encuentra el adulto; en 12 de ellos, el padre ya fue deportado por lo que autoridades demorarán en hacer la entrega.

    Incluso en las decenas de casos que el Gobierno calificó de inelegibles, ACLU ha solicitado información para corroborar que en estos casos efectivamente no se puede realizar la reunificación familiar.

    Con base en el reporte que se presente en la corte, Sabraw sentará las bases para la siguiente fase del mandato judicial que obliga a la Administración de Trump a liberar dentro de las próximas dos semanas a entre 2.000 y 3.000 niños de entre 5 y 18 años que fueron separados de sus padres de forma "incorrecta".

    Para ello, el juez ya ha solicitado que, al igual que se hizo con el grupo de 103 niños menores de cinco años, el Gobierno entregue a ACLU una lista con los nombres y ubicaciones de estos miles de menores, mientras que ha recomendado que se simplifique el proceso para entregarlos a sus padres lo más pronto posible.

    Ambas partes regresarán a la corte de San Diego este viernes para analizar cómo va este proceso con el que se acabaría con los efectos de la decisión del Gobierno de separar a las familias como parte de su política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal, aunque tras las críticas decidieron mantenerlos juntos.

    Nueva muerte en un centro de detención eleva a 8 los decesos de migrantes en custodia

    Atlanta (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Con el fallecimiento de un inmigrante de origen mexicano este martes en el Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin (Georgia), son ya ocho los muertos bajo custodia de ICE desde octubre de 2017, cuando empezó el presente año fiscal, informó hoy esta agencia federal.

    Efraín De La Rosa, de 40 años, fue declarado muerto la noche del martes en el hospital Southwest Georgia Regional Medical Center, a donde fue trasladado tras ser encontrado inconsciente en su celda, según un comunicado de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) difundido hoy.

    Las autoridades señalan la estrangulación autoinflingida como la causa preliminar de la muerte del inmigrante, aunque aún están investigando el suceso.

    De La Rosa estaba bajo custodia de ICE desde el pasado 11 de marzo, tras ser detenido en el condado de Wake en Carolina del Norte, bajo presunto cargo de robo.

    Representantes de organizaciones proinmigrantes lamentaron la muerte de De La Rosa y exigieron el cierre del centro de detención de inmigrantes.

    "Esta horrible tragedia marca la tercera muerte en Stewart en menos de 15 meses. ¿Cuántas más personas tienen que morir antes de que el Gobierno cierre este horrible lugar?", se cuestionó Azadeh Shahshahani, directora legal de la organización Project South.

    Project South publicó este año, en conjunto con Penn State Law Center on Immigrants' Rights Clinic, un reporte en el que denuncian los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos que se llevan a cabo en los centros de detención de inmigrantes de Georgia: Stewart e Irwin.

    Asimismo, la organización representa a la familia de Yulio Castro Garrido, un inmigrante de 33 años que murió bajo custodia de ICE en enero de 2018 por una neumonía, en una demanda interpuesta contra las autoridades migratorias.

    Tal como lo señaló hoy la agencia federal, en lo que va del año fiscal, que empezó en octubre de 2017, ya son ocho las personas que han muerto bajo su custodia.

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